jueves, 20 de abril de 2017

Los PGE, la crisis la padecen los de siempre.

El 2017 será un nuevo año de austeridad para los de siempre.  Los cambios introducidos por la reforma laboral, la escasa cobertura de la negociación colectiva (el mejor instrumento de redistribución de la renta), la perdida del poder adquisitivo al subir los salarios por debajo del IPC (Según el Banco de España entre el 2008 y el 2014, la pérdida del poder adquisitivo del conjunto de la población española es del 15,8%, y en funcionarios docentes del 25%) ... las cifras macroeconómicas, hacen más competitivas a las empresas. pero esas mejoras no llegan a la vida cotidiana de los trabajadores/as.  Y así, a pesar que en los PGE se preve un 7% más de ingresos,  sin embargo se reducen 5.000 millones de euros destinados a la educación, sanidad, dependencia ... es decir es un verdadero proyecto ideológico para atacar la igualdad de oportunidades.
El gasto público ha pasado del 45,8% en el 2011 al 41,3% del PIB en el 2017, lo que representa en estos últimos 6 años una caída de 50.000 millones de euros que tendrían que ir destinados a políticas sociales y a empleo.
Según el informe de la Comisión Europea para el año 2017 en nuestro país el 28% de los ciudadanos está en riesgo de exclusión y el 13% de los trabajadores/as está en riesgo de pobreza y uno de cada cuatro contratos temporales que se firmaron en el 2016 tuvo una duración inferior a 7 días.  La tasa de paro juvenil duplica a la de la UE, sólo el 30% de los trabajadores/as jóvenes cobra más de 1000 euros.
Estas cifras demuestran que son unos presupuestos elaborados de espaldas a las necesidades de la ciudadanía, pendientes exclusivamente de las cifras macroeconómicas que cuadren el déficit de las balanzas económicas.  Necesitaríamos una reforma en profundidad del sistema fiscal, la derogación inmediata de la reforma laboral, subir los salarios y las pensiones para que aumente el consumo, garantizar presupuestos suficientes de la educación, sanidad y dependencia como garantía de salvaguardar unos servicios públicos de calidad.
Son unos presupuestos que perjudican directamente a 12 millones de españoles, al subir a los pensionistas el 0,25% y a los funcionarios el 1%, por debajo del IPC y continuando con la pérdida del poder adquisitivo.  Además reducen la inversión en infraestructuras respecto al año 2011 y mantienen una rebaja injusta del IRPF a las rentas más altas.   Los partidos con sensibilidad social no pueden apoyar estos Presupuestos.

sábado, 8 de abril de 2017

Guerra escolar en Zaragoza, que no en Aragón.

En Zaragoza (y no en la escuela rural, matiz importante) es una realidad que cada vez que se habla de planificación educativa y de escolarización, se desarrolla una confrontación abierta entre la patronal (vehicularizada a través de padres y algunos profesores de la red concertada) y los gobiernos si no están constituidos por los partidos de la derecha que defiendan sus intereses de empresa.
Este hecho se agudiza como consecuencia de que sigue bajando la población infantil y por tanto es necesaria una adecuación de la oferta a la demanda, lo que supone que se necesita un menor número de aulas, y no podemos obviar que en el Gobierno de Aragón está gobernando el PSOE con el apoyo de los partidos de la izquierda y no el PP como las legislaturas anteriores.
La tan ansiada "libertad de elección de centro" no la entiendo entre centros, sean públicos o concertados, que utilizan el dinero público para dar un servicio educativo, más bien, este tipo de centros deben estar sujetos a la planificación que la administración realice.
El 4 de Abril la concertada realizó una gran manifestación por las calles de Zaragoza para que no se cerrasen 14 aulas (previstas por la DGA entre los 84 centros concertados) ubicadas en los grandes y poderosos centros concertados de la ciudad, salvando de ese ajuste a los centros que matriculan a la diversidad del alumnado y dan una enseñanza totalmente gratuita de la misma forma que lo hace la red pública.   En todo este proceso de confusión y afirmaciones contradictorias entre todos, a mí personalmente, me encantaría que la Consejería de Educación nos facilitase los datos de escolarización de todos los centros (públicos y concertados) para conocer el tipo de escolarización que tiene cada uno de ellos, sus características y las becas que utilizan.
En dicha manifestación del día 4 entiendo la presencia de la patronal y órdenes religiosas, defienden sus intereses patronales, entiendo a los padres que defienden un modelo de escuela diferenciada de la pública y puedo entender, incluso, la presencia de los trabajadores que sin compartir las reivindicaciones de los anteriores colectivos, estaban en la manifestación por miedo a perder sus puestos de trabajo.  La DGA debe dejar claro y asumir que los trabajadores y trabajadoras que se vean afectados por la planificación educativa, puedan reubicarse en otros centros o bien aumentar la plantilla de los centros que necesiten apoyo.  Dejando esto claro, no veo ningún ataque de un Gobierno de rojos para acabar con la red concertada, más bien, parece una necesidad por razones demográficas y para reequilibrar lo realizado por los Gobiernos del PP,  los datos son clarificadores.  En tiempos de gobiernos del PP se crearon 112 aulas concertadas y se cerraron 28 aulas en la pública, se cerraron 30 aulas en la escuela rural y en torno a 2000 interinos perdieron sus puestos de trabajo.  Aunque me imagino que en los despachos de la DGA están valorando y sopesando las consecuencias de la manifestación del día 4 y también las consecuencias para la aprobación de los presupuestos de la actitud que tome Podemos con respecto a los conciertos, tengo que elogiar el acierto de la Consejera Mayte Perez, que aguantando las presiones de unos y otros ha actuado con sentido común al tomar una decisión política valiente y anteponiendo el bien común a otras consideraciones.

lunes, 27 de marzo de 2017

El PSOE, frente a sus dudas.

En el siglo XVI Maquiavelo afirmaba que la política se rige por sus propias leyes y normas, es una lucha continua por alcanzar el poder y otra lucha continua por mantenerlo.  La política no conoce de amistades, son afines y partidarios que se unen para conseguir el objetivo, por eso los amigos de hoy son los adversarios de mañana.  Viendo al PSOE de los últimos meses parece la plasmación de las teorías de Maquiavelo:  Susana contra Pedro (socialismo 100% frente al socialismo del siglo XXI). En el congreso pasado Pedro fue secretario general con el apoyo explícito de Susana, amigos de antes adversarios de ahora y en medio de ese camino muchas dudas se plantean:  ¿es una lucha de personas o de proyectos y modelos?,  ¿está en juego la alianza de la izquierda para echar a Rajoy?,  ¿en el comité de octubre hubo una rebelión de los responsables del partido o más bien una conspiración para echar al secretario general?,  ¿con quién tiene mejores expectativas electorales el partido? ...
La confrontación ha comenzado y cada uno ha enseñado sus armas.  Pedro recoge el malestar de muchos militantes por lo que pasó en el comité de octubre y por impedirle formar gobierno con la izquierda y los nacionalistas,  recoge el voto de los desencantados con el aparato, y por lo que se ve, hay muchos ya que todos los actos que convoca están llenos.  Susana, apela a la historia más reciente del socialismo y se deja arropar por todos los secretarios generales y presidentes que tuvo el partido.  Dicho de otra forma: el aparato del partido en un movimiento claro por llegar emocionalmente a la militancia.  Por otro lado este movimiento puede perjudicar sus intereses y puede entenderse como que lo viejo sigue presente y se niega a dar un paso atrás.  Este hecho para bien o para mal influirá sobre todo en los indecisos y se desconoce su porcentaje.
Me sorprende que personas que estuvieron en el proyecto de Pedro, y muy cercanas a él, estaban sentados al lado de Susana (Angel Gabiliondo, Carme Chacón ...) y otros se refugieron en la candidatura de Patxi López, cobijo de los que no se quieren comprometer o que buscan en el futuro un acomodo, ya que nadie duda que si Patxi llega al congreso se integrará con el que gane, o pactará antes con la candidatura de Susana.  Da la sensación que el aparato al unísono abandonó a Pedro y sin embargo el apoyo de gran parte de la militancia ahí está, recuerdo que Almunia era el protegido del aparato y ganó Borrell y que Bono también era protegido de la comisión ejecutiva del momento y ganó Zapatero, en el PSOE parece que quién sale señalado sale en desventaja.
Cómo actuará el PSOE si gana uno u otro?.   Veremos ahora en la campaña muchas propuestas similares entre los tres candidatos, como no podría ser de otra forma, los tres apelarán a la unidad del partido después del congreso, pero,  ¿se integrarán los tres en la misma ejecutiva?,  ¿los tres le darán valor a la militancia, pero quién consultará a los militantes en los temas importantes cómo la elección de la secretaría general y la confluencia con otros partidos para formar gobiernos?,  ¿los tres dirán que su objetivo es ganar las elecciones, pero con qué partidos se unirán para formar gobiernos?,  ¿los tres dirán que revitalizarán la vida interna del partido, pero ¿quién propondrá modificar los estatutos para que los responsables de las agrupaciones den gestión y promuevan debates? ...
Susana se presenta como "lo seguro" le avala su gestión en Andalucía (para bien o para mal), la apoyada por los responsables del partido y por el miedoso capital.  Pedro ha ido construyendo su relato político, su proyecto de izquierdas, en el día a día, no le gusta al capital porque supone una alianza con Podemos.   Lo nuevo pero incierto contra lo seguro pero con lastres.  Veremos.

domingo, 12 de marzo de 2017

Pacto educativo habrá, pero ¿qué tipo de Pacto?.

Estoy seguro, pacto educativo habrá.     Después de constituirse una subcomisión en la Comisión de Educación de la Cortes formada por PP, PSOE y C´s, saldrá algún tipo de documento, más o menos consensuado, que puedan presentar a la sociedad como los grandes logros en que se basará una nueva legislación educativa o bien la modificación de los artículos más conflictivos de la LOMCE, que por otro lado ya están mitigados o paralizados.   Visualizaremos también la fuerte oposición de Podemos que no entrará en un acuerdo y se proclamará como el gran defensor de la Escuela Pública.  Ya hemos visto esa película con distintos actores.
Pero, ¿qué tipo de pacto presentarán?.      En la pasada legislatura todos los partidos, exceptuando el PP y Podemos (no formaba parte del Parlamento) consiguieron redactar un documento conjunto por el que se comprometían a derogar la LOMCE y marcaron unos objetivos generales a desarrollar en la futura ley.  El documento puede quedar en eso, en redactar los objetivos generales similares a los del documento de consenso, pero sin desarrollar, sin plasmarlo en la legislación, salvo excepciones.    Si es así, no se resolverán los problemas reales que tiene la educación en este país,  será un documento político más, dedicado a huir del fracaso, escrito a la defensiva, sin ambición, un documento pobre...
Para que el documento elaborado por la subcomisión sea un texto comprometido y con vocación de resolver los problemas, tendrá que afrontar los grandes retos que tiene la educación:     la relación entre la red pública y concertada;  la educación en valores;  la relación del Estado con las Autonomías; y la financiación de la educación, a los partidos no les queda otra solución que comprometerse a recuperar el punto perdido en los presupuestos con los gobiernos del PP y avanzar hasta conseguir el 7% del PIB.  
La relación entre las dos redes educativas, desde que la LODE implantó los conciertos, es un tema complicado porque se entremezclan cuestiones económicas e ideológicas.  Los conciertos se entienden como un contrato entre los centros privados que atienden necesidades de escolarización y el propio Estado.    Contrato que en muchos casos se incumple y el Estado, hace dejación de sus responsabilidades, por eso hay esa sensación de que algunos centros concertados reciben dinero público y por otro lado incumplen parte de las obligaciones a que se someten al aceptar los conciertos (seleccionan al alumnado,  su enseñanza no es gratuita, o ambos aspectos).
El artículo 27 de la Constitución, proclama "garantizar el derecho a la educación, mediante la programación general de la enseñanza".  No vale argumentar con una interesada "libertad de elección" de centro, que no aparece en el texto constitucional para forzar la apertura de unidades en un centro privado y ligarla a la inexistente legalidad de los conciertos.
El artículo 48.3 de la LODE, proclama que "tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos aquellos centros que satisfagan necesidades de escolarización, atiendan a poblaciones en condiciones económicas desfavorables o que, cumpliendo los requisitos anteriores, realizan experiencias de interés pedagógico en beneficio del sistema educativo.
El artículo 27 de la Constitución, fue quizás el artículo más forzado en la negociación del texto constitucional.  Fue una mezcla de conceptos que reconocen la libertad de la enseñanza, pero sin ninguna referencia explícita a la libertad para elegir centro educativo.  Dada la falta de claridad en el artículo, se fueron sucediendo diversas sentencias aclaratorias del Tribunal Supremo, que hay que acatar pero que no se entienden en relación con el propio artículo 27.
Si el concierto es un contrato, es necesario a través del texto del pacto revisar los términos de dicho contrato, con el fin de que el centro que se acoge voluntariamente al concierto, junto a los derechos que obtiene, esté sujeto al control de las obligaciones a que conlleva.
La educación en valores es otro tema que sigue sin consenso desde la transición, la alternancia en el Gobierno conlleva  el papel relevante o no de la nota de la religión.  Educar en valores es una obligación del claustro y así se debe de recoger en la programación de los centros,  sin embargo, parece necesario dedicar un tiempo específico para reflexionar y  fomentar en el alumnado valores solidarios e integradores, conocer las instituciones democráticas y el valor de las Constituciones en el funcionamiento democrático de la sociedad.  No cabe ya que la nota de la  enseñanza de la religión tenga  consideración académica.  La religión es una opción personal y por tanto su enseñanza debe quedar en ese ámbito, la escuela complementará con el conocimiento de las diversas religiones la formación humanística del alumnado.
La relación entre el Estado y las Autonomías es otro elemento de conflicto permanente al emplearse la educación como un instrumento político para desgastar al contrario.  La lucha por quién es el competente para desarrollar la gestión educativa en diferentes temas dio lugar a numerosos recursos judiciales que frenan iniciativas educativas y generan desconfianzas entre administraciones.  Parece necesario revisar los protocolos de gestión, revisar las legislaciones básicas para clarificar lo que corresponde a cada administración ... y sobre todo fomentar la lealtad institucional entre administraciones.
En lo que se refiere al propio sistema educativo desde el punto de vista pedagógico y organizativo, seguro que volverán a la agenda educativa temas como las revalidas y los itinerarios con el pretexto de mejorar los resultados académicos y fomentar la cultura del esfuerzo. De nuevo en este tema volverá a dividirse la comunidad educativa y, también,  los expertos y ya que estamos hablando de pacto, ¿por qué no trabajamos para conseguir un pacto entre calidad y equidad;   entre igualdad de oportunidades y esfuerzo;  y entre considerar a la evaluación como obstáculo o evaluar para mejorar?.
Esos son los retos, a mi entender, para que el pacto, además de político, sea educativo y social.

lunes, 6 de marzo de 2017

Huelga en Educación; ¿por qué?

La comunidad educativa convoca huelga en el sector para el día 9 de Marzo a través de la Plataforma en defensa de la Escuela Pública.
En un momento donde el consenso parece que es un valor al que todos se arriman, el Ministerio deja claro su posicionamiento, sin ser consciente de la minoría parlamentaria, y recurre al Constitucional toda iniciativa del resto de partidos para frenar la implantación de la LOMCE.  Mala carta de presentación presenta el Gobierno para consensuar una nueva ley.
Se convoca la huelga en un momento de impás, de calma en los centros educativos, de relajación ... seguramente  como consecuencia de rebajar el tono reivindicativo después de varios meses de crispación y tensión política a la que nos sometieron los partidos con los dos procesos electorales de los meses pasados.  Y, después de un mes de Febrero, de  reorganización interna de los partidos: el PP, más de lo mismo, Rajoy omnipresente:  Podemos, cada vez más Pablista y con Errejón en la cuneta;  y C´s que sigue en la misma línea, buscando su espacio;  queda el PSOE por clarificarse, en Junio sabremos si tiende hacia la izquierda buscando confluencias con Podemos, o mantiene la misma línea de la Gestora.
Otro elemento amortiguador de reivindicaciones lo genera la incierta negociación de un posible Pacto educativo que ha iniciado su andadura en el Parlamento con la creación de una "Subcomisión de educación".  Durante seis meses trabajará para presentar un documento de consenso, pasarán por esa Subcomisión 83 expertos y representantes de la comunidad educativa.  Por lo que vamos conociendo de las intervenciones, son reforzamientos de los postulados de las organizaciones que representan, lo que evidencia la división de la comunidad educativa a la hora de consensuar una nueva ley.  Otro problema es que la Subcomisión la forman tres partidos (PP,PSOE y C´s), quedando al margen Podemos lo que presagia que se va a descolgar del consenso, o dicho de otra forma, plantearán exclusivamente un Pacto por la Educación de la Red Pública, excluyendo a la Red Concertada.
A pesar de esta situación de calma y espera, considero que la huelga está bien planteada y es oportuna.  Seguimos igual.  Padecemos las consecuencias de la crisis y de las políticas del Gobierno del PP; siguen vigentes los recortes y las OEP están pendientes de la aprobación de los Presupuestos.
Es conveniente recordar que el el año 2008 los presupuestos educativos suponían un 5,1% del PIB y que en la actualidad suponen,el 4,1%  (la educación perdió 9000 millones de euros, y en los próximos presupuestos está previsto un recorte de 1000 millones de euros más como consecuencia del equilibrio presupuestario).  Este hecho supone que haya 35.000 profesores menos, a pesar de estar escolarizados 300.000 alumnas más, se ha pasado de un 12% de interinidad a un 28%, desaparecieron las ayudas de los libros, mermaron las ayudas a los comedores, aumentaron las tasas universitarias y disminuyeron las cuantías de las becas (según el SE 100.000 alumnos dejaron los estudios por razones económicas), los centros carecen de proyectos de ayuda al alumnado ...
Ante este panorama, la convocatoria de una jornada de huelga, está más que justificada, es una rearfimación del movimiento sindical ante un Gobierno que lo ningunea; es una llamada de atención a los partidos para que antes de consensuar una ley, recuperen lo que la educación perdió con los Gobiernos de Rajoy.

domingo, 22 de enero de 2017

Los Presupuestos en Educación han perdido el 11%

Se inició esta legislatura con un fuerte impulso, tanto por parte de la Comunidad educativa como de los partidos, de conseguir por fin el ansiado Pacto por la Educación.  Difícil lo tienen, pues hay temas hoy por hoy, que parecen insalvables.  Son temas que no están relacionados con aspectos metodológicos ni pedagógicos de la educación, sino, con la política educativa que responde más bien a una visión del papel y enfoque que debe tener la enseñanza y los objetivos sociales que persigue. Parece que se han superado escollos importantes como las evaluaciones que vuelven a tener un carácter de diagnóstico que nunca debieron de perder, e incluso las revalidas de sexto se han transformado en pruebas similares a la antigua PAU, sin embargo el Pacto es mucho más, y los temas que han dividido a la sociedad y a la Comunidad Educativa siguen presentes: la educación en valores (la religión debe ser una asignatura evaluable?); la relación entre las redes educativas que utilizan dinero público (pública y concertada); los problemas de la escolarización han de estar sujetos a la planificación educativa de la escolarización o debe priorizarse la libre elección de centros?; pruebas externalizadas?;  segregación del alumnado? ...
No obstante, antes de avanzar en los debates del Pacto, estaría bien, evaluar en que momento se encuentra el sistema educativo, y en este punto podemos afirmar que en espera de la aprobación de los Presupuestos Generales por las Cortes, desde el año 2010 en educación hemos perdido el 11% de lo dedicado a la educación, siendo el año 2013 con la perdida del 16% el más significativo en este periodo.  Se disminuye el dinero dedicado a la educación cuando han aumentado en un 6,5% el número de alumnos en primaria y han descendido en un 0,2% el número de profesores (Datos y Cifras); desaparecen también las becas Seneca, que favorecían la movilidad por nuestro país del alumnado universitario y los Programas PROA, dedicados a reforzar el aprendizaje de los alumnos con dificultades.
El Pacto está bien, recuperar lo presupuestado en educación previo a la crisis está mejor para seguir avanzando hacia el consenso.  Mal empiezan los trabajos del Pacto cuando se ha institucionalizado y politizado el trabajo para conseguirlo, a través de una comisión del Parlamento y una comisión del Ministerio y las CCAA, dejando al margen a los Sindicatos, Confederaciones de Padres y Mxdres y las Asociaciones de Estudiantes.  Esperemos ???.

martes, 22 de noviembre de 2016

Conflicto entre el Gobierno y el Parlamento por la educación.

El pasado viernes el Ministro de educación, como portavoz del Gobierno, nos informa que el Consejo de Ministro solicita a la Mesa del Congreso que revoque la decisión del Parlamento de admitir a trámite la iniciativa de paralizar el calendario de aplicación de la LOMCE.  Insólito.  El Gobierno le pide a la Mesa que actúa en contra del propio Parlamento que el pasado día 15 votó por mayoría precisamente "la derogación del calendario de la implantación de la LOMCE".
Previsiblamente todo acabará en los tribunales para clarificar las competencias, por lo que una vez más se impondrá la judicialización de la vida política que no ayudará en nada en generar el ambiente pacífico y de entendimiento tan necesario para buscar los consensos necesarios que necesita la negociación de un Pacto Educativo.
El conflicto se trasladará a la comunidad educativa, ya que el "Proyecto de Orden Ministerial que regula las evaluaciones previstas por la LOMCE" tendrá que ser analizado y aprobado en un informe que el Consejo Escolar del Estado tendrá, obligatoriamente, que emitir.
No son buenos comienzos de una legislatura en materia educativa que salió con el objetivo claro de conseguir el tan demandado Pacto Educativo, ni tampoco parece que el Gobierno vaya a actuar de forma diferente a lo que lo venía haciendo en la legislatura pasada sin contar más que con sus aliados ideológicos y su base social.  Resumiendo, más de lo mismo, legislan al margen del Parlamento, y si hay conflicto, que decidan los tribunales, eso de negociar, consensuar, llegar a acuerdos ... para ellos es perder el tiempo ...